AL PUEBLO DE MEXICO.
A NUESTROS HERMANOS EN RESISTENCIA DEL MUNDO.
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS Y POPULARES.
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y NO GUBERNAMENTALES.
MANIFIESTO DEL FNLS
A más de un año de gobierno de Felipe Calderón, las condiciones económicas de los trabajadores mexicanos no mejoraron, sino al contrario, han empeorado. Durante ése tiempo hizo varias reformas estructurales para cumplir los compromisos que adquirió con los grandes empresarios que lo apoyaron el fraude electoral de 2006 y la usurpación de la silla presidencial, oxigenando con ello al capitalismo en México.
Este plan de reformas ha llevado consigo la militarización del país con apoyo del imperialismo norteamericano, aplicando experiencias aprendidas en el combate a las resistencias en América Latina, que al igual que en Colombia, enfocan su ofensiva contra los grupos insurgentes y las organizaciones sociales en resistencia (ley antiterrorista; arraigo, cateos y allanamientos sin orden judicial; incomunicación de detenidos; intervención de teléfonos y correos electrónicos): medidas que el gobierno de México suscribe y adopta al someter nuestra Soberanía ante la "Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte" (ASPAN).
La Guerra de Baja Intensidad (GBI) adquiere nueva fuerza en el país, junto con el plan contrainsurgente en general y la reactivación de la "Guerra Sucia", como tácticas para combatir al movimiento popular. Pasan así a ser acciones prioritarias en la política de gobierno de Felipe Calderón: el asesinato, la tortura y la desaparición forzada de luchadores sociales.
El capitulo de la reforma a la Ley del ISSSTE aún no ha terminado. Por un lado continúa una nueva cascada de cientos de miles de amparos contra las violaciones a la seguridad social de los trabajadores y la demanda de su inconstitucionalidad, mientras por otro lado se ve a un tribunal federal incapacitado física y humanamente para recibir las miles de quejas y solicitudes; lo cual hará más difícil de atender debidamente el fondo de los agravios causados por dicha reforma, y otorgar realmente la protección de la justicia federal ante los justos reclamos. Por lo que la respuesta favorable para lo trabajadores dependerá no del aparato de justicia, sino del movimiento político nacional que se articule para el triunfo completo.
La reforma judicial respecto a las garantías individuales, no es otra cosa más que criminalizar la lucha, la organización, la resistencia y protesta popular. Con esta reforma: es legalizar lo que en las comunidades indígenas y campesinas se ha venido realizando; detenciones ilegales, cateos policíacos-militares en domicilios sin orden de un Juez. La ultraderecha con esta reforma Judicial nos regresa a más de cien años, cuyas garantías individuales y derechos conquistados a un alto costo producto de la Revolución armada de 1910-17 no tienen ningún valor.
Hoy resulta más evidente la intromisión del imperialismo norteamericano en asuntos de seguridad nacional y en el rumbo económico de nuestro país, de ahí que Estados Unidos haya garantizado un empréstito de 500 millones de dólares para armamento y asesoría militar, so pretexto de combatir el narcotráfico; siendo que ellos mismos han aceptado que el narcotráfico tiene cada vez más influencia directa en la política del Estado mexicano. Esta intromisión viene a significar realmente que:
1. Los ilegales retenes policiaco-militares, además constituir el puntal que desde un inicio sostiene a Felipe Calderón en la presidencia, tienen por objetivo inhibir las legítimas protestas del pueblo, contener el descontento social y popular, y detectar a sus principales dirigentes con fines represivos.
2. Esta política tiene por finalidad detener, desaparecer o asesinar a los revolucionarios y luchadores sociales.
3. Que el pueblo se acostumbre a ver al ejército federal en las calles, y que las violaciones a los derechos humanos que cometa sean vistos por la población como actos comunes y normales.
4. Como Felipe Calderón no ganó y su gobierno sigue bajo la sombra de la ilegitimidad, él está dispuesto a continuar gobernando con el apoyo militar. De ahí que no sean casuales sus payasadas de portar indumentaria militar o emitir declaraciones como la reciente en que decreta que "las fuerzas armadas estarán en las calles hasta el 2012", pasando así por encima de la protesta social que exige al ejército regresar a sus cuarteles y que se ponga fin a las continuas violaciones que comete a los derechos humanos.
Por otro lado, en este periodo tampoco se ha castigado al responsable de la masacre en Oaxaca: Ulises Ruiz Ortíz; tampoco al "gober precioso" de Puebla, Mario Marín, encubridor de la pederastia. Ambos continúan en la impunidad. La Suprema Corte de Justicia incluso ya ha exculpado al segundo. La Justicia en México continúa así actuando a modo del poder político y económico.
Los partidos y sus representantes actúan cuidando no perder su "buena imagen" ante los medios de comunicación, a costa de dar la espalda a sus propios militantes. Así han llevado a millones de mexicanos al hartazgo de tanta miseria, corrupción, mentira y simulación política a través del poder mediático; llegando a estar dispuestos a enfrentar hasta a la misma iglesia reaccionaria representada por el cardenal Norberto Rivera.
La farsa de sustituir a los consejeros del IFE, muestra el alto grado de descomposición en que se encuentra todo el sistema electoral mexicano y la mayoría de los organismos políticos que participan en éste, a los que sólo les interesa obtener mayores cuotas de poder que se traducen en cuantiosas fortunas personales. La elección de consejeros resultó como tenía que ser: una lucha entre cúpulas de los principales partidos electorales, que consistió en turbias y ocultas negociaciones, chantajes y amenazas, con tal de apoderarse de ese espacio de poder que es la razón y esencia de ser de estos organismos políticos: disputarse el control del poder. Todo este circo ridículo para que finalmente quedara de presidente interino del IFE un peón de la oligarquía financiera de formación tecnócrata: Andrés Albo, que ha estado al servicio de panistas y priístas en asuntos electorales y financieros, y que hoy viene como un mal parche para tapar una coladera por la que corren ríos de basura. Por su parte los mezquinos e indignos consejeros de Ugalde se quedaron por dos razones: el billete y gozar de unos días más de fuero.
Para los millones de pobres del país no existe la justicia. El derecho legislado ha sido para beneficio exclusivo de quienes detentan el poder político y económico; sólo ha servido para mantener en la explotación a millones de mexicanos y en la opulencia a unas cuantas familias, además de garantizar impunidad a los cuerpos represivos, funcionarios y gobernantes de los tres niveles, a pesar de habérseles probado responsabilidad en la violación de derechos constitucionales y humanos, o en crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestro pueblo. En el mismo sentido, el derecho a la información es abolido y reprimidos quienes tratan de ejercerlo en publicaciones o medios de comunicación, con el mismo fin de encubrir los abusos, violaciones y crímenes de aquellos.
Por mencionar sólo los casos más sonados: Lidia Cacho; Ernestina Ascencio; Carmen Aristegui; los asesinatos y violaciones cometidos por el ejército federal en Nocupetaro y el joven que asesinaron en Huetamo, ambos casos en el estado de Michoacán; el crimen de los obreros de Pasta de Conchos; el encarcelamiento y condena penal de 67 años de prisión contra los lideres de Atenco, Estado de México (hoy puestos en libertad algunos de ellos toda vez que demostraron su inocencia); el asesinato de obreros de Sicartsa; la reclusión en calidad de rehenes en centros de exterminio de los hermanos Cerezo Contreras; encarcelamiento a miembros de la APPO y el asesinato de otros 25; represión permanente contra las Normales Rurales como recientemente a la de Ayotzinapa, en Guerrero; los cerca de 100 desaparecidos políticos entre el sexenio de Fox y lo que va del de Calderón, en el que destacan dos militantes del EPR y un defensor de derechos humanos de la Fundación Diego Lucero, Francisco Paredes Ruiz, ex militante además del MAR.
Sin embargo la mal llamada justicia mexicana exonera a genocidas y represores como Luís Echeverría y Acosta Chaparro; solapa al cacique sanguinario Ulises Ruiz Ortiz y al represor Mario Marín; protege a empresarios pederastas como Kamel Nacif; brinda impunidad a defraudadores vulgares como los hermanos Bribiesca Sahagún. En México la mafia conformada por este tipo de personajes opera en y desde la oficialidad; a ellos no se les persigue y menos se les castiga, sino al contrario, reciben toda la protección del Estado.
La llamada campaña contra el narcotráfico se encuentra en el nivel de ajustes de cuentas originados por deudas e incumplimientos de acuerdos, como se pude apreciar por los acontecimientos cotidianos de enfrentamientos y muertes en que se han vistos involucrados personajes del medio empresarial y artístico, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, así como miembros, destacamentos y corporaciones enteras de los cuerpos policíacos y militares. Se trata también de una lucha por el poder y el dinero, donde por supuesto se encuentran involucrados como cabezas de los bandos políticos de oficio, empresarios de las distintas ramas; pero el ganador final siempre sigue siendo la oligarquía financiera y empresarial.
La pobreza en el campo aumentará con la apertura total del TLCAN en su apartado agropecuario, elevando más la migración y la protesta social. Y el Estado responderá con represión y encarcelamiento, por que para eso se está preparando. Por tal razón el único que puede salvar al pueblo es el mismo pueblo… pero organizado, estructurado y defendiendo los derechos conquistados desde la comunidad, la colonia, el sindicato; llenando las oficinas públicas con ese pueblo organizado exigiendo que los funcionarios cumplan las promesas que hicieron cuando estaban en campaña.
La ultraderecha ha decidido conjugar acciones militares legales e ilegales (ambas injustas). Sabe que las segundas tienen mayor costo político-social, de ahí que urgió la reforma judicial contra las garantías individuales; lo que llevará a mayores violaciones de los derechos humanos contra quienes no están dispuestos a vivir en la dictadura del capitalismo, y no renunciarán a la memoria ni tampoco a los derechos que le costaron sangre al pueblo, y que hoy el PRI, el PAN y una parte del PRD le han arrebatado.
¡A UNIRNOS TODOS EN LA LUCHA Y RESISTENCIA DE LOS CAMPESINOS CONTRA EL TLCAN!
¡A PONER EN LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Y DE CONCIENCIA!
¡POR UNA LEY DE AMNISTÍA FEDERAL PARA LIBERAR A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DE MÉXICO!
¡A EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS!
¡A ORGANIZARNOS CONTRA TODA LEY QUE AGREDA LOS DERECHOS HUMANOS, LAS GARANTIAS INDIVIDUALES, Y LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES, EJIDOS Y COMUNIDADES!
¡A ORGANIZARNOS PARA DEFENDER LOS BIENES COMUNITARIOS, LAS AGUAS, LOS BOSQUES, A MANTENER LA JUSTICIA COMUNITARIA,
Y LUCHAR EN CONTRA DEL ROBO DE GANADO
Y LA TALA CLANDESTINA DE ÁRBOLES!
¡A ORGANIZARNOS EN TORNO A LA LUCHA Y LOS PRINCIPIOS DEL SOCIALISMO EN MÉXICO!
¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!
FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS
México, 5 de Febrero de 2008
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